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No es solo un vírus
La pandemia dejó al descubierto la política de odio que ya había denunciado Apib. La violencia política y la persecución se han acelerado aún más.
El Gobierno Federal es el principal agente transmisor del virus entre los pueblos indígenas. La falta de construcción de acciones efectivas para combatir la pandemia, la negligencia en la protección de los trabajadores y usuarios del Subsistema de Salud Indígena y la construcción de políticas que favorezcan la invasión de territorios indígenas son los principales factores en este contexto
de violaciones.
Hasta diciembre de 2020, más de 41.000 indígenas habían sido infectados por el nuevo coronavirus, afectando a más de la mitad de las 305 pueblos que viven en Brasil, incluido también el pueblo Warao, refugiado de Venezuela. Nosotros, de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) , y todas nuestras organizaciones de base, con representaciones en las cinco regiones del país, frente a la pandemia Covid-19, luchamos a diario por la vida de los pueblos. Entre los meses de marzo a noviembre de 2020, la violencia contra los pueblos indígenas ha aumentado dentro y fuera de nuestros territorios. Los criminales que invaden nuestras tierras no han sido puestos en cuarentena, y mucho menos “home office”. Afirmamos que Bolsonaro impulsó el agravamiento de la violencia contra los pueblos indígenas durante la pandemia.
Nuestra lucha es por la vida
FIRME EL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
De marzo a diciembre se registraron más de 200 violaciones de derechos humanos fundamentales contra los pueblos indígenas. Una situación alarmante que se agrava cada día. Vea abajo algunos de los conflictos y ataques a los pueblos indígenas y sus tierras. >
CumplicidAD EN LA DESTRUCCIÓN
Las violaciones a los derechos indígenas, que son financiadas por grandes corporaciones globales, aumentaron la vulnerabilidad de los pueblos indígenas durante la pandemia de Covid-19. BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensional Fund Advisors invirtieron más de $ 18 mil millones, solo de 2017 a 2020, en empresas cuyas actividades están involucradas en invasiones, deforestación y violaciones de los derechos indígenas en la Amazonía. Conozca los principales grupos que financian la destrucción del medio ambiente y violan los derechos indígenas.
El crecimiento de la deforestación ilegal en los territorios indígenas y sus alrededores se agravó en 2020 debido a la pandemia de
Covid-19, ya que junto con la tala de bosques llegaron los incendios…
Em 2020, os incêndios florestais já apresentaram os piores índices dos últimos anos, ameaçando a vida de milhares de pessoas e impactando fortemente o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado.
Junto a las distintas formas de violencia provocadas por las invasiones en territorios indígenas, la deforestación ilegal representa hoy una de las principales amenazas para los pueblos indígenas y la crisis climática del planeta.
Con este informe te alertamos sobre la situación de los pueblos Guató y Xavante en el contexto de pandemia e incendios.
Muchos de los impactos mencionados sobre el agravamiento del Covid-19 entre los pueblos indígenas son resultado directo de las actividades necesarias para el avance y mantenimiento de la agroindustria, que se ha desarrollado de manera desenfrenada y criminal en muchos estados.
La deforestación y los incendios no son las únicas consecuencias negativas de la agroindustria en este período pandémico. La cadena de mataderos esparcidos en regiones cercanas a muchos poblados de las regiones Sur y Medio Oeste fue uno de los principales vectores de entrada del coronavírus en las comunidades indígenas de estas regiones del país. Los casos de Terra Indígena Oco’y, en el occidente de Paraná, y Terra Indígena Xapecó, en el occidente de Santa Catarina, en los que el virus fue introducido por trabajadores indígenas de mataderos contaminados en su labor diaria, ilustran la gravedad de esta situación debido a la falta de acción gubernamental para garantizar la salud de estos indígenas, e asegurar el empleo de esos trabajadores. La agroindustria fue la principal responsable de la entrada del virus en varios poblados de Mato Grosso do Sul. En la Reserva Indígena Dourados, donde se registró la primera muerte en el estado de un guaraní kaiowá, la enfermedad llegó a través de un indígena empleado de un matadero de JBS, según información de Repórter Brasil. En los ocho meses de la pandemia, 58 Terena murieron debido al Covid-19, en MS. Es el tercero pueblo con más casos de muerte registrados por el Comité Nacional por la Vida y la Memoria Indígena. Entre los meses de julio y agosto los casos de muerte entre el pueblo terena aumentaron más del 500%.
Cuando pronunciamos la palabra GENOCIDIO, abordamos el conjunto de acciones y posiciones del gobierno de Bolsonaro que colaboran con la enfermedad y muerte de miles de personas en Brasil. Entre los pueblos indígenas, el GENOCIDIO está presente en nuestra historia desde la invasión europea hasta nuestros días. En este contexto de pandemia, el gobierno ha expuesto públicamente su política de genocidio al vetar, el 8 de julio, 22 artículos del Proyecto de Ley No. 1.142 / 2020, que crea medidas para contener el impacto de la propagación del virus entre indígenas, quilombolas, pescadores artesanales y otros pueblos y comunidades tradicionales, al sancionar la Ley N ° 14.021, de 7 de julio de 2020. Bolsonaro y su gobierno vetaron, entre otros elementos fundamentales, la obligación del gobierno de garantizar el acceso al agua potable, la higiene y las camas de hospital para los pueblos indígenas. El Congreso Nacional alcanzó revocar 16 de un total de 22 vetos el 19 de agosto. Sin embargo, entre los vetos que se mantuvieron se encuentran los que garantizan un presupuesto para la implementación de las acciones planificadas. La pregunta que nos hacemos en Apib es: ¿cuántos indígenas deben morir para que el gobierno implemente un plan de emergencia?
Además de intervenir directamente en las estructuras de los órganos e instituciones indígenas, el Gobierno Federal permite y promueve una serie de violaciones a los derechos constitucionales y humanos. Hasta mayo de 2020, el actual gobierno ha certificado 114 fincas en el Sistema de Ordenamiento Territorial (Sigef), que se superponen a áreas indígenas no aprobadas, contrario a opiniones legales anteriores. En conjunto, estas fincas ocupan más de 250 mil hectáres de áreas indígenas. La invasión criminal de territorios tradicionales es promovida públicamente por el Gobierno Federal en medio de una pandemia.
Resulta que decidimos no morir
sino luchar incansablemente en defensa de la vida.
Resulta que decidimos no morir
sino luchar incansablemente en defensa de la vida.
En medio de la actual crisis de salud, el Frente Indígena de enfrentamiento jurídico brindó un hecho histórico en el Tribunal Supremo Federal (STF) por los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, la principal Corte del país reconoce la legitimidad del Apib para interponer una acción directa en la Corte Suprema, lo que antes solo estaba permitido para organizaciones, como partidos políticos y entidades de clase, como el Colegio de Abogados de Brasil (OAB).
Ante un contexto de subregistro y falta de transparencia, tanto del SUS como del Sistema de Información en Salud Indígena (SIASI), sobre los datos del impacto de la pandemia en los pueblos indígenas, es evidente la pertinencia y vigencia de los mecanismos de vigilancia comunitaria y participativa sobre el avance del Covid-19 en los territorios.
1970
Destacamos que la iniciativa actual del movimiento indígena encuentra precedentes en los debates, desde la década de 1970, sobre las prerrogativas de la participación social en la Atención Primaria de Salud, en los que se recomienda que los gobiernos incentiven y aseguren la participación de las comunidades en las acciones de salud.
El tema de la falta de los datos más básicos, como tamaño de la población indígena y número de personas, hizo con que a fines de la década de 1970, organizaciones no gubernamentales como el Consejo Indígena Misionero (CIMI) y el Centro de Documentación Indígena (CEDI) realizasen encuestas de población en las más diversas regiones del país.
1980
Existen ejemplos concretos y bien documentados de que, en períodos no muy lejanos en el tiempo, la agenda de producción de datos fue de suma importancia no solo para visibilizar el tema indígena, sino también para fornecer insumos para la elaboración de políticas públicas específicas. Este fue el caso de iniciativas de organizaciones indígenas e indigenistas en los años setenta y ochenta que, en ausencia de datos gubernamentales confiables, participaron directamente en la producción de datos poblacionales, lo que llegó a tener importantes impactos en el reconocimiento de los derechos indígenas.
En los años 80, jóvenes líderes indígenas, muchos de ellos vinculados a la Unión de Naciones Indígenas (UNI), participaron en eventos en los que se debatieron estos datos poblacionales, de origen extraoficial. Incluso existe documentación que señala que estas iniciativas de recolección de datos de la sociedad civil, además de influir en el texto constitucional, jugaron un papel en la inclusión de la categoría “indígena” en el Censo Demográfico de 1991.
1987
Estos datos, divulgados en diversas publicaciones de entidades indígenas y socioambientales, fueron de gran relevancia en los debates durante la Asamblea Constituyente 1987-1988, y creó una nueva constitución que reconoce importantes derechos indígenas.
1990
Otro ejemplo de una iniciativa de encuesta de datos poblacionales que involucró la participación activa de organizaciones indígenas pasó en la región Alto Río Negro de Amazonas en la década de 1990. En un momento en que se discutía la demarcación de tierras indígenas en la región y se subestimaban los datos demográficos oficiales de la población indígena, el movimiento indígena, a través de la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (FOIRN) y simpatizantes, realizó una encuesta específica, el denominado Censo Autónomo del Río Negro, estimando la población indígena de la región en aproximadamente 17 mil personas .
2002
Otro ejemplo ocurrió en 2002-2003, cuando se realizó un censo participativo del pueblo Sateré-Mawé, cuyas tierras están ubicadas en la región occidental del estado de Amazonas. Esta iniciativa, denominada Diagnóstico Sociodemográfico Participativo de la Población Sateré-Mawé, contó con la colaboración de demógrafos, líderes y comunidades indígenas y también buscó analizar la población indígena residente en las ciudades de la región. En la ciudad de Parintins, por ejemplo, mientras que el censo participativo contabilizó a 512 personas del pueblo Sateré-Mawé, el Censo Demográfico de 2000 identificó a menos de 100 habitantes indígenas, de diferentes pueblos.
nuestro derecho de existir
Apib ha intensificado sus acciones legales en los últimos nueve meses para garantizar la defensa de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ante el agravamiento de los ataques sufridos durante la pandemia. Durante este período, se fortaleció el Frente Indígena de Enfrentamiento Jurídico para posibilitar la construcción de estrategias, la formalización de denuncias en diferentes instancias del Poder Judicial y el seguimiento de importantes procesos legales para la defensa de líderes, comunidades y organizaciones indígenas. Destacamos, en este informe, que es importante que la intensa actividad de las abogadas y abogados indígenas e indigenistas sea comprendida a la luz de la protección de la sociobiodiversidad y la defensa de las relaciones ancestrales con el territorio y la naturaleza.
Consulte la línea del tiempo de las acciones legales a continuación
LA PANDEMIA NO HA TERMINADO
y seguiremos luchando por la vida
Desde el miedo, el silencio, la muerte y terror,
recreamos la esperanza!
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y seguiremos luchando por la vida
Desde el miedo, el silencio, la muerte y terror,
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